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martes, 1 de junio de 2010

Restaurar los ecosistemas para recuperar sus servicios originales



En su informe Muchas Especies. Un Planeta. Un Futuro, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó los argumentos económicos a favor de la reparación del mundo natural que ha sido dañado y degradado, tarea que “de China y Tanzanía a México y Florida: La rehabilitación de los bienes naturales genera empleos, riqueza y restauración de servicios valuados en billones de dólares”.

· PNUMA


Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la restauración de los ecosistemas dañados o perdidos —desde bosques y sistemas de agua dulce hasta manglares y humedales— puede producir rendimientos multimillonarios, generar empleo y combatir la pobreza.
El informe, presentado la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente, se basa en miles de proyectos para restaurar los ecosistemas de todo el mundo y expone más de 30 iniciativas que están transformando la vida de comunidades y países.
En el informe, titulado Planeta muerto, planeta vivo - Diversidad biológica y restauración de ecosistemas para el desarrollo sostenible, se destaca que, lejos de ser un impuesto al crecimiento y el desarrollo, muchas inversiones ambientales en bienes naturales degradados pueden generar rendimientos sustanciales.
Entre ellos cabe mencionar la restauración de los caudales de agua hacia los ríos y lagos, la mejora de la estabilidad y fertilidad de los suelos, que son fundamentales para la agricultura, y la lucha contra el cambio climático por medio del secuestro y almacenamiento del carbono de la atmósfera.
El informe subraya que el mantenimiento y la gestión de los ecosistemas intactos debe ser la prioridad fundamental. Sin embargo, dado que más del 60% de esos ecosistemas —desde las marismas y los arrecifes de coral a los bosques tropicales y los suelos— ya se encuentra degradado, es preciso que la restauración adquiera ahora el mismo nivel de prioridad.
La reparación y rehabilitación de los ecosistemas también genera empleos en un mundo donde viven 1.300 millones de personas desempleadas o subempleadas, al tiempo que apoya los objetivos internacionales de reducir sustancialmente el ritmo de pérdida de la diversidad biológica, tema clave para 2010.

¿VALE LA PENA RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS?
En el informe se aportan pruebas de que, mediante programas bien planificados, con base científica y con el apoyo de la comunidad, puede recuperarse entre el 25% y el 44% de los servicios originales junto con los animales, las plantas y otras formas de la diversidad biológica del sistema antes intacto.
Achim Steiner, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del PNUMA, declaró que: “La infraestructura ecológica del planeta presta servicios a la humanidad por un valor superior a los 70 billones de dólares de los EE.UU. por año, según algunas estimaciones o quizás mucho más. En el pasado, esos servicios eran invisibles o casi invisibles en las cuentas nacionales e internacionales. Eso debería cambiar y debe cambiar”.

“…la restauración del medio ambiente degradado es uno de los mejores legados que podemos dejar a las generaciones actuales y futuras…”

“Este informe tiene por finalidad transmitir dos mensajes clave a los gobiernos, las comunidades y los ciudadanos en el Día Mundial del Medio Ambiente y en 2010, Año Internacional de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Primero, que esa mala gestión de los activos naturales y de los basados en la naturaleza está debilitando el desarrollo a un nivel tal que eclipsa los efectos de la crisis económica reciente”.
“Segundo, que una buena planificación de las inversiones y reinversiones en la restauración de estos vastos servicios públicos naturales y basados en la naturaleza no sólo tiene un alto rendimiento, sino que es importante, por no decir fundamental, para la sostenibilidad en un mundo con aspiraciones, población, ingresos y demandas crecientes sobre los recursos naturales de la Tierra”, dijo el Sr. Steiner en Kigali, Rwanda, sede principal de las celebraciones mundiales del Día Mundial del Medio Ambiente de este año.

PROYECTO AGUA LIMPIA
El tema de la restauración de ecosistemas es representado por el Proyecto de Agua Limpia lanzado simultáneamente por la Embajadora de Buena Voluntad del PNUMA, Gisele Bündchen y su padre en el 2008 en su ciudad natal Horizontina.
El proyecto tiene por objeto restaurar la salud de los suministros de agua e impulsar la diversidad biológica rehabilitando las riberas de los ríos y la vegetación que se encuentra en las orillas de las cuencas fluviales.
Bündchen declaró que “en el informe del PNUMA sobre la restauración de los ecosistemas se destacan las enormes oportunidades que tienen las comunidades de invertir en su desarrollo futuro”.
Agregó que “realmente, la restauración del medio ambiente degradado es uno de los mejores legados que podemos dejar a las generaciones actuales y futuras: es necesario que sensibilicemos a todo el mundo respecto del importante vínculo que existe entre los bosques, humedales y otros sistemas naturales y nuestra supervivencia y prosperidad en este mundo maravilloso”.
“La restauración vale la pena: los humedales y los bosques puede ser hasta 22 veces más eficientes que invertir en plantas de tratamiento de aguas” mencionó Christian Nellemann de GRID –Arendal del PNUMA en Noruega, quién lideró el Informe de Respuesta Rápida lanzado el pasado 3 de junio. “Hagámoslo correctamente, respaldémoslo con una gestión de largo plazo y aseguremos que las leyes sean implementadas donde sean necesarias. Así se podrá ver el éxito tanto en el apoyo público como en la generación de beneficios de largo plazo”.

RECUADROS
s
INVOLUCRAR A LA BANCA DE DESARROLLO

El informe del PNUMA recomienda:

· Urgir a los organismos de desarrollo externos, organismos de financiamiento internacional y otras entidades de financiamiento, por ejemplo, los bancos regionales de desarrollo, para que incorporen la restauración de los ecosistemas y la asistencia de largo plazo para la gestión en su financiamiento del apoyo al desarrollo, las iniciativas de seguridad alimentaria, la creación de empleos y la mitigación de la pobreza.
· Uno por ciento del PIB deber ser destinado anualmente para la conservación, gestión y restauración del medio ambiente y de los recursos naturales, con el monto preciso vinculado a las circunstancias nacionales.
· Que la restauración de los ecosistemas se base en las experiencias adquiridas, para evitar consecuencias imprevistas, como la introducción de plagas y especies exóticas invasoras.
· Que se dé prioridad a la diversidad biológica y a los puntos de concentración de ecosistemas.
· Que en los proyectos de infraestructura que dañan los ecosistemas se prevean fondos para restaurar, en otro país o comunidad, un ecosistema degradado similar.

RECUADRO

ECOSISTEMAS PRESTAN SERVICIOS
POR US$21 Y US$72 BILLONES POR AÑO

Mediante la iniciativa “La economía de los ecosistemas y la diversidad biológica”, auspiciada por el PNUMA, y miles de otros informes e iniciativas recientes, se está comenzando a vislumbrar el valor de los bienes naturales de la Tierra y la función que desempeñan en el desarrollo.

· Se estima que los ecosistemas prestan servicios esenciales que tienen un valor de entre 21 y 72 billones de dólares por año, cifra comparable al Ingreso Nacional Bruto mundial de 2008, que ascendió a 58 billones.
· Los humedales, la mitad de los cuales han sido drenados en los últimos cien años, por lo general para la agricultura, prestan servicios por un valor aproximado de 7 billones de dólares.
· Los humedales arbolados tratan más aguas residuales por unidad de energía y tienen una relación costo-beneficio hasta 22 veces más alta que la filtración por arena tradicional en plantas de tratamiento.
· Se ha calculado el valor de los humedales costeros de los Estados Unidos, que entre otros servicios brindan protección contra las tormentas, en 23.000 millones de dólares por año.
· En la India se ha observado que los manglares que sirven de defensa contra las tormentas disminuyen los daños en los hogares de 153 a 33 dólares por hogar en promedio en zonas donde los manglares están intactos.
· La polinización que realizan las abejas y otros insectos presta servicios que incrementan la producción agrícola por un valor que supera los 153.000 millones de dólares por año.
· Los ecosistemas son también importantes para combatir de manera natural las plagas y, de hecho, muchos de los cultivos clave como el café, el té y el mango dependen de los servicios de polinización y control de plagas que ofrecen los pájaros e insectos.
· Según algunas estimaciones, la pérdida proyectada de los servicios de los ecosistemas podría causar la pérdida de hasta el 25% de la producción mundial de alimentos para 2050, lo que aumentaría los riesgos de hambre.
· Se calcula que los servicios que brinda el complejo forestal Mau, en Kenya, entre los que se incluyen la energía hidroeléctrica, el agua potable, la humedad necesaria para la industria del té y los flujos de agua para importantes atracciones turísticas, como Massai Mara y el Lago Nakuru, tienen un valor de 320 millones de dólares por año.
· Hoy en día el 75% de las reservas utilizables de agua dulce a nivel mundial provienen de los bosques. Diversas ciudades, como Río de Janeiro, Johannesburgo, Tokio, Melbourne, Nueva York y Yakarta, recurren a las zonas protegidas como fuentes de agua potable para sus residentes.
· En total, un tercio de las 100 ciudades más grandes del mundo obtienen de las zonas forestales protegidas una proporción sustancial del agua potable que utilizan.
· Si no existiera la red de zonas nacionales protegidas en Venezuela, la sedimentación de los ríos podría reducir los ingresos de la agricultura y la ganadería en unos 3,5 millones de dólares por año.
· Se ha estimado que el valor de los humedales costeros para la protección contra los huracanes es de entre 250 y 51.000 dólares por hectárea por año, con un promedio de 8.240 dólares por hectárea por año.
· Más del 80% de las personas que viven en los países en desarrollo recurren a diversas medicinas a base de plantas para el cuidado básico de la salud.
· Tres cuartos de los medicamentos de venta con receta más vendidos del mundo están compuestos por ingredientes derivados de extractos vegetales.
· La degradación del medio ambiente, incluidas las pérdidas de ecosistemas, está aumentando los efectos de los desastres naturales tales como inundaciones, sequías y crecidas repentinas que afectan a 270 millones de personas y matan a unas 124.000 por año en todo el mundo (85%, en Asia).
· Las emisiones de gases de efecto invernadero del drenaje de las turberas en Asia sudoriental aportan el equivalente al 1,3 al 3,1% de las emisiones mundiales de CO2 provenientes de la quema de combustibles fósiles, y son una amenaza para la supervivencia de los orangutanes en peligro de extinción.
· El reciente acuerdo firmado el 26 de Mayo de 2010 entre Noruega e Indonesia, sobre el apoyo financiero de mil millones de dólares para reducir la deforestación y el drenaje de los humedales, provee un nuevo ímpetu tanto para la mitigación del cambio climático así como para los orangutanes en peligro en estos bosques únicos.

MÁS BENEFICIOS
· Se calcula que los beneficios en efectivo de la restauración únicamente son de unos 14 dólares por persona por mes, unos 5,50 dólares más que el promedio nacional.
· En virtud de los acuerdos de las Naciones Unidas sobre el clima, los países están empezando a pagar a las naciones en desarrollo para que conserven los bosques en vez de talarlos.
· Se calcula que mediante el Programa de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques se podrían reducir a la mitad las tasas de deforestación para 2030.
· Según algunas estimaciones, con este programa se podrían reducir entre 1.500 y 2.700 millones de toneladas de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero todos los años por un costo de entre 17.000 y 33.000 millones de dólares por año, pero se estima que los beneficios a largo plazo serán de 3,7 billones de dólares a valores actuales.
· En el marco del proyecto Scolel Te de México, 700 agricultores en 40 comunidades han plantado más de 700 hectáreas de árboles en tierras degradadas para secuestrar el carbono y han recibido decenas de miles de dólares de los mercados de carbono – el cual en este caso está vinculado con la compensación de las carreras de Fórmula Uno y el Campeonato Mundial de Rally.


ENTÉRESE MÁS:
www.unep.org
www.grida.no
www.unep.org/wed/2010/english


Desastre ecológico en el Golfo de México


El derrame descontrolado de cinco mil barriles de petróleo diariamente al mar amenaza con convertir al accidente sufrido por uno de los pozos de petróleo de la British Petroleum en un desastre ecológico de proporciones, porque afectará a la biodiversidad y a los medios de vida de las personas de la zona. Para el presidente Barack Obama es un sacudón que debería inducir a “empezar a hacer la transición” a un modelo económico menos dependiente de este combustible.


Pensando en el impacto que tendrá en la sociedad estadounidense, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comparó el desastre ecológico en el golfo de México con el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, pues “el desastre va a cambiar nuestra forma de pensar sobre el medio ambiente y la energía en los años venideros”.
El accidente sufrido el pasado 21 de abril por la plataforma petrolera “Deepwater Horizon”, de propiedad de la compañía Transocean Ltd y la británica British Petroleum (BP), localizada a una profundidad de 1.600 metros y a 67 kilómetros de la costa de Louisiana, ocasionó que el pozo petrolero comenzara a verter al mar unos cinco mil barriles de petróleo diariamente, amenazando con convertirse en un desastre ecológico de magnitud si no se detiene a tiempo el derrame descontrolado.
Algunos expertos en el ecosistema costero de los Estados Unidos creen que si el hidrocarburo llegara al delta del río Mississippi acabaría con los humedales, de una profundidad menor a los dos metros, catalogados como los más importantes y extensos del país.
Otros, más optimistas, sostienen que por el momento la descarga de agua dulce del caudaloso río a la costa pudiera funcionar como barrera que evite la entrada del petróleo a la zona de los humedales y a las playas de Louisiana, donde los Estados Unidos garantizan el 80 por ciento de la pesca del país.

SIN SOLUCIÓN VERDADERA
Las corrientes marinas que provienen del Golfo de México dispersan la mancha petrolífera en una especie de bifurcación, en la cual una parte se desplaza hacia la costa de Alabama y la Florida y la otra hacia el norte de Texas, a pesar de que han sido colocados químicos dispersantes que pudieran disminuir el impacto de la tragedia ecológica al ecosistema de ambos países.
Sin embargo, la mexicana Adriana Quintero, directora de la Onda Verde, afirma que el millón de litros de dispersantes utilizados en tal acción puede afectar no sólo al personal encargado de la limpieza de la zona, sino, además, a las capas habitables más profundas del mar y a los arrecifes coralinos, por los compuestos que generan. Esas sustancias no desaparecen el petróleo, sólo provocan rompimientos en las partículas del crudo, de manera que puedan ser digeridos por microorganismos, que se reproducen por el fenómeno, de manera más fácil.
Mientras, el científico español Manuel Ferrer, quien descifró el genoma de una bacteria capaz de ingerir el petróleo, aunque no en la totalidad de sus componentes, dice que esos microbios sólo pueden actuar en la superficie marina.
El presidente Obama reconoció que el gobierno de Estados Unidos “no tiene tecnología superior a la de BP” ni a la de otras empresas petroleras en lo que se refiere a tapar el pozo y detener el escape.
“El hecho de que la fuente del escape esté sumergida a una milla de distancia donde no puede llegar ningún ser humano hace que sea enormemente difícil detenerlo, pero estamos aprovechando todos los recursos y todas las ideas, todos los expertos y todos los elementos tecnológicos posibles para detenerlo. Aceptamos ideas de donde sea que vengan, y vamos a detenerlo”, señaló el mandatario.

IMPACTOS SEVEROS
Si bien las guardias costeras de México y los Estados Unidos están colaborando y en alerta ante el fenómeno, la productividad de las costas, la pesca y las variaciones en el complejo ecológico de esa franja se verán afectadas, de manera severa, a lo cual se sumarían las afectaciones a la industria del turismo.
Más de 400 especies de animales, entre ellas numerosas aves migratorias, estarían en peligro.
Organismos ecologistas afirman que, durante años, se ha venido advirtiendo a las distintas administraciones de las consecuencias de la extracción petrolera en aguas profundas sin que se tomen medidas, lo cual evidencia nexos entre las petroleras y el gobierno. Ante esta sospecha, la Casa Blanca anunció que se creará un organismo independiente de vigilancia del sector petrolero.
Se han hecho conocer nuevamente los cuestionamientos sobre las fuentes de energía.
“Uno de mis mayores retos es que logremos extraer las lecciones correctas de este desastre”, afirmó Obama a los medios de su país y añadió que si bien no puede predecir si Estados Unidos será capaz de cambiar el modelo económico basado en el petróleo en los próximos años, “lo que toca ahora es empezar a hacer esa transición”.

COMPENSACIONES
La Casa Blanca sigue de cerca las acciones que British Petroleum ha emprendido para sellar el escape de su pozo mar adentro. En el esfuerzo para contener y limpiar los daños, el Gobierno estadounidense ha movilizado personal y recursos tanto del gobierno federal y gobiernos estatales como locales.
“Hasta el momento tenemos alrededor de 20.000 personas en la región trabajando día y noche para contener y limpiar el crudo. Hemos activado alrededor de 1.400 efectivos de la Guardia Nacional en cuatro estados. El Servicio de Guardacostas está allí. Tenemos más de 1.300 buques asistiendo en el esfuerzo de contención y limpieza”, declaró el presidente Obama hace poco.
Su administración estudia con BP la creación de un fondo especial para las compensaciones e indemnizaciones a los afectados, porque “van a producirse daños que nos van a partir el corazón al verlos. Los medios de vida de la gente de esta zona se van a ver afectados de forma dolorosa”.

(Con información de agencias)

El costo de la energía en el río Madera





La construcción de las mega-represas de Jirau y San Antonio en Brasil y Cachuela Esperanza en Bolivia, pondrá en serio riesgo la biodiversidad de la zona y obligará a migrar a las comunidades aledañas y a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El objetivo boliviano es exportar energía, pero los costos socioambientales asoman onerosos. El Gobierno espera el informe de Evaluación de Impacto Ambiental de la Empresa Nacional de Electricidad para frenar o dar luz verde al proyecto, aunque esta entidad tendría previsto licitar la obra de US$ 2.000 millones en julio próximo.


· Miriam Telma Jemio

San Antonio, Jirau y Cachuela Esperanza son los nombres de las tres hidroeléctricas que serán instaladas en el río Madera para generar energía, unos 7.000 megavatios (MW). Para ello se construirán enormes represas cuyos impactos afectarán socioeconómica y ambientalmente la región amazónica que comparten Bolivia y Brasil.
La presencia de estas hidroeléctricas, en un afluente tan importante como el Madera, implica un alto costo para los 3 millones de personas que se estima viven en la zona, así como para la flora y fauna, según alertan ambientalistas y científicos.
Este río es el más grande de la zona y el más caudaloso del mundo, además posee una altísima biodiversidad, según el investigador Fernando Molina del Instituto de Hidraúlica y Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés (IHH-UMSA).
El Madera nace en territorio boliviano en la comunidad de Villa Bella en Pando. Sus aguas se originan en la cordillera de los Andes de los ríos Madre de Dios (Perú-Bolivia), Beni (La Paz-Beni) y Mamoré (Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Beni), por él corren grandes cantidades de agua y sedimentos andinos.

UNA DÉCADA PARA
LA CONSOLIDACIÓN
La ejecución de estas megainfraestructuras fue anunciada el año 2000, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo firmó un acuerdo con 12 países sudamericanos en el marco del proyecto Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).
Su primera agenda contemplaba la inversión de 7 billones de dólares en 31 proyectos, la cual se amplió a 350 proyectos con un costo de 40 billones de dólares, que incluye el complejo hidroeléctrico e hidroviario del río Madera.
Según Marco Octavio Ribera, investigador de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), el IIRSA comprende 10 ejes de integración vial-energética a lo largo de Sudamérica. Seis de ellos incluyen a Bolivia. Por sus impactos, los de mayor riesgo son las represas de los ríos Madera y Beni (Jirau, San Antonio, Cachuela Esperanza y Bala) y las hidrovías proyectadas de navegación e interconexión de cuencas, proceso favorecido por los represamientos del Madera.
Perú, Brasil y Bolivia están dentro el IIRSA con el proyecto “Corredor Madera-Madre de Dios-Beni”. Este contempla cuatro hidroeléctricas, según el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), dos en el Estado de Rondonia-Brasil (San Antonio y Jirau), una binacional en Guayaramerín (entre Bolivia y Brasil) y la última en Cachuela Esperanza, en el río Beni en Bolivia. Además, una Hidrovía de 4.250 kilómetros de largo para la navegación de grandes embarcaciones en los tres ríos.
El objetivo del complejo del río Madera, según el proyecto IIRSA, es consolidar una vía de integración internacional fluvial para el transporte y el desarrollo socioeconómico de las regiones de Madre de Dios en Perú, Rondonia en Brasil y Pando y Beni en Bolivia.
Esta obra está destinada a satisfacer la gran demanda energética del sector industrial del Brasil y promover la inversión de la empresa privada. La formación de los reservorios de agua permitirá navegar estos ríos y abrir una ruta de exportación, para la expansión de la producción de soya en la amazonia boliviana.
En esa misma lógica, el gobierno boliviano declaró de importancia nacional la construcción de la represa Cachuela Esperanza para dotar de energía eléctrica a la población que vive en la región. El presidente Evo Morales en varias ocasiones resaltó la importancia de ese proyecto que es parte del plan energético del país que se lleva adelante a través de la Empresa de Nacional de Electricidad (ENDE).

ARGUMENTOS

EN CONTRA

La explicación de la importancia de la generación de energía para el desarrollo de las poblaciones de la región amazónica realizada por los gobiernos de Brasil y Bolivia no logró convencer. Por ello, los habitantes de las comunidades que viven en esas zonas, investigadores, ambientalistas y organizaciones sociales, incluso autoridades de ambos países alzaron sus voces para rechazar las represas.
Los antecedentes de los impactos de las megarepresas son conocidos, dicen los ambientalistas. En Latinoamérica hay algunos ejemplos como los financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo que, en algunos casos, forzaron a las comunidades locales a migrar debido a que sus tierras fueron inundadas.
En Brasil en 1999, el BID financió la represa Cana Brava de gran envergadura. Más de 1.000 familias en la comunidad local fueron desplazadas por el megaproyecto. Una década después, luego de muchos ajustes al proceso de reubicación, unas 600 familias no habían sido reintegradas con éxito en comunidades autosuficientes.
El año 2000, el Informe Final de la Comisión Mundial de Represas (CMR), conformada por representantes de la industria de las represas y de los movimientos antirepresas, develó los impactos sociales y ambientales, así como de la ineficiencia de estas megainfraestructuras a nivel mundial.
Según la CMR, la cantidad de personas desplazadas en el planeta por las represas se situaba entre 40 y 80 millones de personas, siendo los principales afectados los más pobres y vulnerables. En lo referente a rendimiento, de las 63 grandes represas que examinó, el 55 por ciento generaba menos energía de la que había sido proyectada.
Ante esos antecedentes, el anuncio de la construcción de las represas en Brasil y Bolivia, movilizó no sólo a las comunidades afectadas sino también a organizaciones ambientales. En Bolivia, entre otros, Fobomade, la Fundación Mundial para la Naturaleza (WWF) y Lidema, a su turno, se pronunciaron con respaldo científico sobre el tema.
El debate se instaló en una serie de eventos (seminarios, encuentros binacionales, foros, simposios y otros) con la participación de expertos, científicos, población afectada, organizaciones sociales y ambientalistas. Las conclusiones sirvieron para alertar de la problemática a las autoridades.
(la cantidad de personas desplazadas en el planeta por las represas se situaba entre 40 y 80 millones de personas, siendo los principales afectados los más pobres y vulnerables)

Si bien la WWF no se opone a la construcción de represas porque prestan importantes servicios –incluyendo el suministro de agua, irrigación, generación de electricidad y control de inundaciones– considera que se debe mejorar la gestión de las ya existentes y de sus cuencas, para evitar los altos costos financieros y medioambientales.
Marcela Áñez, Oficial de Infraestructura de WWF, acota que existen alternativas menos perjudiciales basadas en criterios específicos. Por tanto, explica, si la construcción de una represa es la mejor opción para garantizar las necesidades de agua y energía de una población, los daños al medioambiente que causarían deben ser minimizados a un nivel aceptable para todos los implicados.
Lidema también apoya las iniciativas para proveer de energía barata a los habitantes de regiones que dependen de termoeléctricas y de la importación de suministros. Sin embargo, dice su directora ejecutiva, Jenny Gruenberger, que les preocupa la ejecución de estos proyectos cuyos impactos socioambientales ya son conocidos, así como los magros beneficios que dejan a los países que la producen.
Algunos estudios señalan que la construcción de estas megarepresas provocará el desplazamiento de poblaciones indígenas y la migración descontrolada. En Brasil, 2.500 familias que viven a orillas de ese río serán las afectadas. En Bolivia, estiman que la fauna ictiológica (peces) y la flora serán impactadas, además se elevarán los ríos, se inundarán las tierras de cultivo y proliferarán las enfermedades.

EN MARCHA, A
PESAR DE TODO
Las voces en contra de las represas fueron muchas. Desde las comunidades que serán afectadas en Brasil y Bolivia hasta científicos, ambientalistas y autoridades rechazaron con y sin argumentos científicos. Esto no sirvió de mucho. Esas voces no fueron escuchadas.
Las represas Jirau y San Antonio están en plena construcción en Brasil. Y en Bolivia, la instalación de Cachuela Esperanza está en pleno proceso y, aunque todavía no se habla en voz alta, la de Guayaramerín está en estudio. Y en Brasil, incluso ya se adjudicó el megaproyecto Puerto Bello.
Una de las primeras acciones legales se hizo ante la Comisión Interamericana. El 7 de diciembre de 2007 se presentó la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión de Derechos Humanos, el gobierno brasileño fue demandado por los pueblos indígenas, campesinos y ecologistas de Bolivia por riesgo inminente a los derechos humanos. Esa Comisión pidió información a ambos gobiernos sobre las acciones que estaban realizando en función a ese proyecto y cómo garantizarían los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas del norte amazónico.

LAS ACCIONES DE
LAS AUTORIDADES
Ante este problema, ese mismo año 2007 se creó un Comité Insterinstitucional Boliviano liderado por el Viceministerio de Biodiversidad y la Cancillería, el cual cuestionó y planteó sus dudas sobre aspectos hidráulicos, sedimentación, ictiofauna y pérdida del potencial hidroeléctrico en la región.
Cuando se otorgó la Licencia Previa en 2007 para la construcción de las represas, el gobierno boliviano demandó ante su par de Brasil la cancelación de los proyectos argumentando que los impactos negativos serán mayores en territorio boliviano. El canciller David Choquehuanca manifestó a su homólogo brasilero, Celso Amorín, su contrariedad por la extensión de la licencia ambiental sin que se hayan analizado los impactos en el país.
En una carta enviada el 2008 se pidió que las dudas sobre los impactos fueran absueltas en una reunión bilateral previa. Brasil respondió pidiendo que Bolivia presente un cuestionario con sus dudas. Hasta la fecha, no se recibió una respuesta, afirma el viceministro de Biodiversidad, Juan Pablo Ramos.
Los reclamos del gobierno boliviano se iniciaron el 2006. Se envió una carta manifestando la preocupación por los impactos ambientales de las dos represas, a lo cual el Gobierno brasilero le aseguró que no habrá impactos en Bolivia. Luego, se realizaron dos encuentros a nivel técnico entre ambas naciones, sin resultados alentadores para el país. Se fijó un tercero, sin fecha ni lugar, que aún no se concretó desde 2007.

(Bolivia pidió que las dudas sobre los impactos fueran absueltas en una reunión bilateral con Brasil. Hasta la fecha, no hubo respuesta)

El gobierno brasilero se mantuvo en una posición intransigente, afirmando que los posibles impactos de sus proyectos se extendían únicamente hasta su frontera y no hasta Bolivia, manifiesta Mirso Alcalá, coordinador de la Dirección General de Medio Ambiente.
Para Alcalá, quien publicó un informe sobre el tema en la revista del Ministerio de Medio Ambiente, “los procesos de negociación bilateral que se llevan a cabo actualmente mantienen la misma línea”, sin embargo están supeditados a la “agenda positiva” con Brasil que considera otros temas energéticos adicionales. “Aún no se habla de compensación, pero será necesario profundizar estudios y temas específicos que permitan, la valoración de los recursos económicos”, dice.
Lidema, por su parte, insta al Gobierno a adoptar una posición firme y consecuente en relación a los intereses de la región. “Debe interpelar al gobierno brasileño para que cumpla los acuerdos internacionales al margen de la agenda positiva que hay con ese país”, expresa Gruenberger.
Es necesario que el Gobierno demande ante instancias internacionales que Brasil suspenda actividades hasta que realice estudios y análisis de riesgo sobre toda la cuenca alta del Madera. La investigación debe incluir el grado de inundación que afectaría a una gran parte de la amazonia boliviana en los departamentos de Beni, Pando y Norte de La Paz.
Dichos estudios, según Lidema, deberán tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas e incluir las modificaciones que sufrirán los ecosistemas naturales, a corto, mediano y largo plazo y sus implicaciones socioambientales.
Por su parte, Fobomade resalta la importancia de cumplir con la Constitución Política del Estado, por ello insta a la autoridad ambiental realizar una consulta previa e informada a todos los pueblos indígenas y actores que serán afectados.
Las autoridades ambientales, además, deben fortalecer sus acciones de fiscalización, control y vigilancia en el cumplimiento de la normativa ambiental y proceder a la realización de un seguimiento con el rigor que corresponde.
De las suposiciones, basadas en experiencias similares, sobre el efecto social, económico y ambiental, se pasó a los estudios científicos en áreas que tienen que ver con el problema, pero falta mucho por investigar, una tarea que deben insertar en sus agendas los gobiernos de Bolivia y Brasil.

RECUADRO 1

Jirau y San Antonio ya están en marcha

La comunidad San Carlos, ubicada a tres horas de Portho Velho (Puerto Bello) sobre las orillas del Río Madera, que vivía a orillas del río Yavarí (una ramificación del Madera), fue desplazada cuando se construyó la hidroeléctrica Samuel (200 MW), según constataron miembros de Fobomade el año 2008.
Esta población conoce el efecto que causa en su vida y economía la presencia de una represa, pues desde su construcción la producción pesquera, que era su principal fuente de ingreso, casi desapareció.
Esa experiencia hace que cuando escuchan que se construirá una represa, el temor los invada, como pasó cuando se enteraron de la edificación de Jirau y San Antonio, cuya instalación demandará una inversión de 16.000 millones de dólares para generar energía –entre ambas– de una potencia de 6.450 MW.
Los dos proyectos fueron resistidos por algunos sectores y apoyados por otros. En Bolivia el rechazo fue casi unánime debido a los impactos que generará en la región tropical involucrada, que por ahora se encuentra en buen estado de conservación, a pesar de que el bosque está bajo un constante desmonte por el pastoreo de ganado.
Allí se asienta la población de Guayamerín, fronteriza con Brasil, donde los pobladores tienen una gran necesidad de energía e inversión. Esa sería la razón por la cual muchos de ellos apoyan el proyecto.

LOS IMPACTOS
En el caso del río Madera, las investigaciones realizadas ponen de manifiesto numerosos factores que entorpecerán la viabilidad del proyecto. En marzo de 2007, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama) negó la licencia medioambiental al proyecto debido a la “ausencia de control medioambiental y a la existencia de información contradictoria” del estudio presentado por el consorcio Odebrecht-Furnas, ya que no contemplaba todo el territorio afectado por el proyecto ni los impactos en las comunidades indígenas.
Finalmente, por presión política, el Ibama dio la licencia previa a la empresa constructora, adjuntando a la misma 33 condicionantes que deberían ser levantadas. Una de ellas, es que no inunden territorio boliviano, manteniendo el área de influencia directa sobre territorio brasilero.

(…los sedimentos podrían cubrir los embalses creados por las represas, lo cual agravaría la inundación del río Madera y sus afluentes, el uso estacional de las riberas desaparecería porque estarían cubiertas todo el año afectando a los bosques de castaña e inundando los pastizales)

Las observaciones al estudio de impacto ambiental están relacionadas con el transporte de sedimentos, el control de mercurio, la garantía de que los grandes peces puedan tener un canal de pasaje para subir el río durante la fase de reproducción, prever los impactos transfronterizos ambientales, sociales y económicos, principalmente en Bolivia.
Sumando otras razones, Lidema rechazó la construcción de estas represas. Su investigador Marco Octavio Ribero argumenta que se vulneró los instrumentos jurídicos internacionales de uso y aprovechamiento de los ríos de curso sucesivo. Entre ellos, el Acta de Montevideo, Resolución de Salzburgo, las normas de Helsinki, la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos a la Navegación, el Tratado de Cooperación Amazónica; así como, la Convención de Biodiversidad que incorpora el principio precautorio y que fue ratificado por Brasil.
En su publicación El Norte Amazónico de Bolivia y el complejo del Río Madera (2007), Fobomade establece que los sedimentos podrían cubrir los embalses creados por las represas, lo cual agravaría la inundación del río Madera y sus afluentes, el uso estacional de las riberas desaparecería porque estarían cubiertas todo el año afectando a los bosques de castaña e inundando los pastizales.
La inundación de las selvas amazonas, entre otros aspectos, afectará a la biodiversidad de flora y fauna, por ejemplo los peces que migran entre el río Amazonas y el Madera no podrán sortear los muros de la represas, aunque el diseño de ambas contempla un paso especial para ello, en la práctica no tiene éxito total, a lo cual se suma que la reducción de la velocidad de las aguas provocará la falta de oxígeno.


RECUADRO 2

El argumento científico

En el país y en Brasil, la comunidad científica y las organizaciones no gubernamentales realizaron estudios de algunos impactos que se presentarían en la zona donde se construyen las represas Jirau y San Antonio.
La Fundación Mundial para la Naturaleza (WWF) apoyó al Instituto Francés para el Desarrollo (IDR) para que realice el estudio Dinámica de inundación y tasa de mercurio en peces en el Norte amazónico boliviano. Hacia una cuantificación de los impactos del proyecto hidroeléctrico del río Madera, además de la investigación Impacto de las represas del río Madera en los “stocks” pesqueros y la economía pesquera en la amazonia boliviana, efectuada por la Asociación FaunAgua.
Estas y otras investigaciones fomentadas por el IRD y el Instituto de Hidraúlica e Hidrología (IHH) de la Universidad Mayor de San Andrés fueron difundidas en un simposio internacional realizado en La Paz y Santa Cruz con el apoyo de la WWF, con el objetivo de que esos criterios científicos sirvan de insumos para la toma de decisiones en relación al desarrollo energético sostenible en la amazonia.

PESCA AFECTADA
En ese contexto, el investigador de la Asociación FaunAgua, Paul Van Damme, señala que un impacto posible es la reducción gradual de la pesca, la cual puede afectar por lo menos a 16.000 familias bolivianas que hoy viven de esta actividad. Se estima el 80 por ciento de los peces amazónicos bolivianos son migratorios y algunas especies tienen importante valor comercial y de susbsistencia.
En ello coincide Miguel Petrere de la Universidad Estatal Paulista de Brasil, para quien las represas en áreas tropicales no representan una energía limpia, además que “la diversidad, población y tamaño de peces disminuyeron considerablemente después de las represas”.
Según la investigación de Marc Pouilly, del IRD, existen datos precisos que establecen que las inundaciones provocadas por las represas podrían afectar las actividades de aprovechamiento de recursos naturales e incrementar enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y el dengue.
En función a ello, es muy importante hacer más estudios para estimar la extensión del área de la amazonia boliviana que puede ser inundada, así como los impactos no sólo en los embalses, sino en las zonas aledañas y río abajo, según Pouilly.
Estas infraestructuras en ambientes tropicales provocan otros impactos como el aumento de mercurio en los peces (en el embalse y principalmente río abajo), la deforestación del área y del trazado de las líneas de transmisión, la contaminación por herbicidas para el mantenimiento de las líneas de transmisión, la retención de sedimentos y la erosión de las riberas del río, según el estudio de Jean Remy Davée Guimaraes, de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Migración forzada
Sobre los impactos socio-económicos en Brasil, Manuel Antonio Valdés, de la Universidad Federal de Rondonia, puntualiza que el 65 por ciento de la población visitada en el área del río Madera (cerca de 1.100 familias) probablemente se verán en la necesidad de mudarse, dejando atrás sus crías de animales, plantaciones, costumbres y formas de vida en armonía con el río. El problema se agrava porque sólo el 30 por ciento cuenta con títulos de propiedad, lo que hará más difícil la implementación de un esquema de compensación social.
El científico Jorge Molina, del IHH, mostró que las represas brasileñas provocarán impactos hidráulicos e hidrológicos en territorio boliviano, incluyendo el aumento del riesgo de inundaciones. Su trabajo también fue presentado en abril en Tiquipaya (Cochabamba) en la Mesa 18, instalada de manera paralela a la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.
El efecto sobre el problema del cambio climático es otro de los impactos que mencionan los expertos como Enrique Laatts y Molina. Se trata de grandes piscinas de agua que producen dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero.
Al respecto, según Emilio García del Programa Nacional de Cambio Climático, no existe una guía oficial del Panel Intergubernamental de Cambio Climático para medir la cantidad de CO2 que emiten las represas. Por tanto, no se puede todavía conocer con certeza el impacto de éstas por emisiones de gases de efecto invernadero.
Con estos estudios los investigadores alertaron sobre los impactos de las represas en la amazonía y la urgencia de mejorar la calidad de la evaluación ambiental social y económica. Además, que si bien se reconoce la importancia del rol de las mismas, la experiencia demuestra que generan un costo inaceptable y, a veces, innecesario en términos sociales y ambientales.

CUADROS
Aprovechamientos del río Madera
Hidroeléctricas de Jirau, Santo Antonio y Cachuela Esperanza

Características
Cachuela Esperanza
Jirau
San Antonio
Número de grupos
18
44
44
Tipo de grupo
Bulbo
Bulbo
Bulbo
Caudal promedio del río
8.900 m3/s
17.700 m3/s
18.000 m3/s
Caída bruta promedio
10,8 m
16,6 m
13,9 m
Diámetro de la rueda
7,5 m
7,5 m
7,5 m
Nivel de operación del embalse
Max 119 m
Min 114 m
Max 90 m
Min 82.5 m
Max 70 m
Min 70 m
Superficie embalse nivel máximo (sin efecto de remanso)
690 km2
258 km2
271 km2
Potencia máxima
990 MW
3.300 MW
3.315 MW
Factor de planta
65%
60%
63%
Energía media anual
5,47 TWh
17,3 TWh
17,3 TWh
Fuente: TECSULT AECOM

Proyecto Cachuela Esperanza - Diseño final
Principales características del aprovechamiento

Número y tipo de grupos de la central
18 grupos tipo Bulbo
Longitud de la central
478 m
Longitud del vertedero
274 m
Presa
Altura máxima de 37 m,
Volumen de 3 Mm3
Tipo de presa
Enrocamiento con pantalla cimento-bentónica
Ubicación de las obras
Central y vertedero en la margen izquierda, presa y exclusa en el río y en la margen derecha.
Fuente: TECSULT AECOM

jueves, 1 de abril de 2010

El costo de la energía en el río Madera





La construcción de las mega-represas de Jirau y San Antonio en Brasil y Cachuela Esperanza en Bolivia, pondrá en serio riesgo la biodiversidad de la zona y obligará a migrar a las comunidades aledañas y a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El objetivo boliviano es exportar energía, pero los costos socioambientales asoman onerosos. El Gobierno espera el informe de Evaluación de Impacto Ambiental de la Empresa Nacional de Electricidad para frenar o dar luz verde al proyecto, aunque esta entidad tendría previsto licitar la obra de US$ 2.000 millones en julio próximo.


· Miriam Telma Jemio

San Antonio, Jirau y Cachuela Esperanza son los nombres de las tres hidroeléctricas que serán instaladas en el río Madera para generar energía, unos 7.000 megavatios (MW). Para ello se construirán enormes represas cuyos impactos afectarán socioeconómica y ambientalmente la región amazónica que comparten Bolivia y Brasil.
La presencia de estas hidroeléctricas, en un afluente tan importante como el Madera, implica un alto costo para los 3 millones de personas que se estima viven en la zona, así como para la flora y fauna, según alertan ambientalistas y científicos.
Este río es el más grande de la zona y el más caudaloso del mundo, además posee una altísima biodiversidad, según el investigador Fernando Molina del Instituto de Hidraúlica y Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés (IHH-UMSA).
El Madera nace en territorio boliviano en la comunidad de Villa Bella en Pando. Sus aguas se originan en la cordillera de los Andes de los ríos Madre de Dios (Perú-Bolivia), Beni (La Paz-Beni) y Mamoré (Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Beni), por él corren grandes cantidades de agua y sedimentos andinos.

UNA DÉCADA PARA
LA CONSOLIDACIÓN
La ejecución de estas megainfraestructuras fue anunciada el año 2000, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo firmó un acuerdo con 12 países sudamericanos en el marco del proyecto Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).
Su primera agenda contemplaba la inversión de 7 billones de dólares en 31 proyectos, la cual se amplió a 350 proyectos con un costo de 40 billones de dólares, que incluye el complejo hidroeléctrico e hidroviario del río Madera.
Según Marco Octavio Ribera, investigador de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), el IIRSA comprende 10 ejes de integración vial-energética a lo largo de Sudamérica. Seis de ellos incluyen a Bolivia. Por sus impactos, los de mayor riesgo son las represas de los ríos Madera y Beni (Jirau, San Antonio, Cachuela Esperanza y Bala) y las hidrovías proyectadas de navegación e interconexión de cuencas, proceso favorecido por los represamientos del Madera.
Perú, Brasil y Bolivia están dentro el IIRSA con el proyecto “Corredor Madera-Madre de Dios-Beni”. Este contempla cuatro hidroeléctricas, según el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), dos en el Estado de Rondonia-Brasil (San Antonio y Jirau), una binacional en Guayaramerín (entre Bolivia y Brasil) y la última en Cachuela Esperanza, en el río Beni en Bolivia. Además, una Hidrovía de 4.250 kilómetros de largo para la navegación de grandes embarcaciones en los tres ríos.
El objetivo del complejo del río Madera, según el proyecto IIRSA, es consolidar una vía de integración internacional fluvial para el transporte y el desarrollo socioeconómico de las regiones de Madre de Dios en Perú, Rondonia en Brasil y Pando y Beni en Bolivia.
Esta obra está destinada a satisfacer la gran demanda energética del sector industrial del Brasil y promover la inversión de la empresa privada. La formación de los reservorios de agua permitirá navegar estos ríos y abrir una ruta de exportación, para la expansión de la producción de soya en la amazonia boliviana.
En esa misma lógica, el gobierno boliviano declaró de importancia nacional la construcción de la represa Cachuela Esperanza para dotar de energía eléctrica a la población que vive en la región. El presidente Evo Morales en varias ocasiones resaltó la importancia de ese proyecto que es parte del plan energético del país que se lleva adelante a través de la Empresa de Nacional de Electricidad (ENDE).

ARGUMENTOS

EN CONTRA

La explicación de la importancia de la generación de energía para el desarrollo de las poblaciones de la región amazónica realizada por los gobiernos de Brasil y Bolivia no logró convencer. Por ello, los habitantes de las comunidades que viven en esas zonas, investigadores, ambientalistas y organizaciones sociales, incluso autoridades de ambos países alzaron sus voces para rechazar las represas.
Los antecedentes de los impactos de las megarepresas son conocidos, dicen los ambientalistas. En Latinoamérica hay algunos ejemplos como los financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo que, en algunos casos, forzaron a las comunidades locales a migrar debido a que sus tierras fueron inundadas.
En Brasil en 1999, el BID financió la represa Cana Brava de gran envergadura. Más de 1.000 familias en la comunidad local fueron desplazadas por el megaproyecto. Una década después, luego de muchos ajustes al proceso de reubicación, unas 600 familias no habían sido reintegradas con éxito en comunidades autosuficientes.
El año 2000, el Informe Final de la Comisión Mundial de Represas (CMR), conformada por representantes de la industria de las represas y de los movimientos antirepresas, develó los impactos sociales y ambientales, así como de la ineficiencia de estas megainfraestructuras a nivel mundial.
Según la CMR, la cantidad de personas desplazadas en el planeta por las represas se situaba entre 40 y 80 millones de personas, siendo los principales afectados los más pobres y vulnerables. En lo referente a rendimiento, de las 63 grandes represas que examinó, el 55 por ciento generaba menos energía de la que había sido proyectada.
Ante esos antecedentes, el anuncio de la construcción de las represas en Brasil y Bolivia, movilizó no sólo a las comunidades afectadas sino también a organizaciones ambientales. En Bolivia, entre otros, Fobomade, la Fundación Mundial para la Naturaleza (WWF) y Lidema, a su turno, se pronunciaron con respaldo científico sobre el tema.
El debate se instaló en una serie de eventos (seminarios, encuentros binacionales, foros, simposios y otros) con la participación de expertos, científicos, población afectada, organizaciones sociales y ambientalistas. Las conclusiones sirvieron para alertar de la problemática a las autoridades.

(la cantidad de personas desplazadas en el planeta por las represas se situaba entre 40 y 80 millones de personas, siendo los principales afectados los más pobres y vulnerables)

Si bien la WWF no se opone a la construcción de represas porque prestan importantes servicios –incluyendo el suministro de agua, irrigación, generación de electricidad y control de inundaciones– considera que se debe mejorar la gestión de las ya existentes y de sus cuencas, para evitar los altos costos financieros y medioambientales.
Marcela Áñez, Oficial de Infraestructura de WWF, acota que existen alternativas menos perjudiciales basadas en criterios específicos. Por tanto, explica, si la construcción de una represa es la mejor opción para garantizar las necesidades de agua y energía de una población, los daños al medioambiente que causarían deben ser minimizados a un nivel aceptable para todos los implicados.
Lidema también apoya las iniciativas para proveer de energía barata a los habitantes de regiones que dependen de termoeléctricas y de la importación de suministros. Sin embargo, dice su directora ejecutiva, Jenny Gruenberger, que les preocupa la ejecución de estos proyectos cuyos impactos socioambientales ya son conocidos, así como los magros beneficios que dejan a los países que la producen.
Algunos estudios señalan que la construcción de estas megarepresas provocará el desplazamiento de poblaciones indígenas y la migración descontrolada. En Brasil, 2.500 familias que viven a orillas de ese río serán las afectadas. En Bolivia, estiman que la fauna ictiológica (peces) y la flora serán impactadas, además se elevarán los ríos, se inundarán las tierras de cultivo y proliferarán las enfermedades.

EN MARCHA, A
PESAR DE TODO
Las voces en contra de las represas fueron muchas. Desde las comunidades que serán afectadas en Brasil y Bolivia hasta científicos, ambientalistas y autoridades rechazaron con y sin argumentos científicos. Esto no sirvió de mucho. Esas voces no fueron escuchadas.
Las represas Jirau y San Antonio están en plena construcción en Brasil. Y en Bolivia, la instalación de Cachuela Esperanza está en pleno proceso y, aunque todavía no se habla en voz alta, la de Guayaramerín está en estudio. Y en Brasil, incluso ya se adjudicó el megaproyecto Puerto Bello.
Una de las primeras acciones legales se hizo ante la Comisión Interamericana. El 7 de diciembre de 2007 se presentó la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión de Derechos Humanos, el gobierno brasileño fue demandado por los pueblos indígenas, campesinos y ecologistas de Bolivia por riesgo inminente a los derechos humanos. Esa Comisión pidió información a ambos gobiernos sobre las acciones que estaban realizando en función a ese proyecto y cómo garantizarían los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas del norte amazónico.

LAS ACCIONES DE
LAS AUTORIDADES
Ante este problema, ese mismo año 2007 se creó un Comité Insterinstitucional Boliviano liderado por el Viceministerio de Biodiversidad y la Cancillería, el cual cuestionó y planteó sus dudas sobre aspectos hidráulicos, sedimentación, ictiofauna y pérdida del potencial hidroeléctrico en la región.
Cuando se otorgó la Licencia Previa en 2007 para la construcción de las represas, el gobierno boliviano demandó ante su par de Brasil la cancelación de los proyectos argumentando que los impactos negativos serán mayores en territorio boliviano. El canciller David Choquehuanca manifestó a su homólogo brasilero, Celso Amorín, su contrariedad por la extensión de la licencia ambiental sin que se hayan analizado los impactos en el país.
En una carta enviada el 2008 se pidió que las dudas sobre los impactos fueran absueltas en una reunión bilateral previa. Brasil respondió pidiendo que Bolivia presente un cuestionario con sus dudas. Hasta la fecha, no se recibió una respuesta, afirma el viceministro de Biodiversidad, Juan Pablo Ramos.
Los reclamos del gobierno boliviano se iniciaron el 2006. Se envió una carta manifestando la preocupación por los impactos ambientales de las dos represas, a lo cual el Gobierno brasilero le aseguró que no habrá impactos en Bolivia. Luego, se realizaron dos encuentros a nivel técnico entre ambas naciones, sin resultados alentadores para el país. Se fijó un tercero, sin fecha ni lugar, que aún no se concretó desde 2007.

(Bolivia pidió que las dudas sobre los impactos fueran absueltas en una reunión bilateral con Brasil. Hasta la fecha, no hubo respuesta)

El gobierno brasilero se mantuvo en una posición intransigente, afirmando que los posibles impactos de sus proyectos se extendían únicamente hasta su frontera y no hasta Bolivia, manifiesta Mirso Alcalá, coordinador de la Dirección General de Medio Ambiente.
Para Alcalá, quien publicó un informe sobre el tema en la revista del Ministerio de Medio Ambiente, “los procesos de negociación bilateral que se llevan a cabo actualmente mantienen la misma línea”, sin embargo están supeditados a la “agenda positiva” con Brasil que considera otros temas energéticos adicionales. “Aún no se habla de compensación, pero será necesario profundizar estudios y temas específicos que permitan, la valoración de los recursos económicos”, dice.
Lidema, por su parte, insta al Gobierno a adoptar una posición firme y consecuente en relación a los intereses de la región. “Debe interpelar al gobierno brasileño para que cumpla los acuerdos internacionales al margen de la agenda positiva que hay con ese país”, expresa Gruenberger.
Es necesario que el Gobierno demande ante instancias internacionales que Brasil suspenda actividades hasta que realice estudios y análisis de riesgo sobre toda la cuenca alta del Madera. La investigación debe incluir el grado de inundación que afectaría a una gran parte de la amazonia boliviana en los departamentos de Beni, Pando y Norte de La Paz.
Dichos estudios, según Lidema, deberán tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas e incluir las modificaciones que sufrirán los ecosistemas naturales, a corto, mediano y largo plazo y sus implicaciones socioambientales.
Por su parte, Fobomade resalta la importancia de cumplir con la Constitución Política del Estado, por ello insta a la autoridad ambiental realizar una consulta previa e informada a todos los pueblos indígenas y actores que serán afectados.
Las autoridades ambientales, además, deben fortalecer sus acciones de fiscalización, control y vigilancia en el cumplimiento de la normativa ambiental y proceder a la realización de un seguimiento con el rigor que corresponde.
De las suposiciones, basadas en experiencias similares, sobre el efecto social, económico y ambiental, se pasó a los estudios científicos en áreas que tienen que ver con el problema, pero falta mucho por investigar, una tarea que deben insertar en sus agendas los gobiernos de Bolivia y Brasil.

RECUADRO 1

Jirau y San Antonio ya están en marcha

La comunidad San Carlos, ubicada a tres horas de Portho Velho (Puerto Bello) sobre las orillas del Río Madera, que vivía a orillas del río Yavarí (una ramificación del Madera), fue desplazada cuando se construyó la hidroeléctrica Samuel (200 MW), según constataron miembros de Fobomade el año 2008.
Esta población conoce el efecto que causa en su vida y economía la presencia de una represa, pues desde su construcción la producción pesquera, que era su principal fuente de ingreso, casi desapareció.
Esa experiencia hace que cuando escuchan que se construirá una represa, el temor los invada, como pasó cuando se enteraron de la edificación de Jirau y San Antonio, cuya instalación demandará una inversión de 16.000 millones de dólares para generar energía –entre ambas– de una potencia de 6.450 MW.
Los dos proyectos fueron resistidos por algunos sectores y apoyados por otros. En Bolivia el rechazo fue casi unánime debido a los impactos que generará en la región tropical involucrada, que por ahora se encuentra en buen estado de conservación, a pesar de que el bosque está bajo un constante desmonte por el pastoreo de ganado.
Allí se asienta la población de Guayamerín, fronteriza con Brasil, donde los pobladores tienen una gran necesidad de energía e inversión. Esa sería la razón por la cual muchos de ellos apoyan el proyecto.

LOS IMPACTOS
En el caso del río Madera, las investigaciones realizadas ponen de manifiesto numerosos factores que entorpecerán la viabilidad del proyecto. En marzo de 2007, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama) negó la licencia medioambiental al proyecto debido a la “ausencia de control medioambiental y a la existencia de información contradictoria” del estudio presentado por el consorcio Odebrecht-Furnas, ya que no contemplaba todo el territorio afectado por el proyecto ni los impactos en las comunidades indígenas.
Finalmente, por presión política, el Ibama dio la licencia previa a la empresa constructora, adjuntando a la misma 33 condicionantes que deberían ser levantadas. Una de ellas, es que no inunden territorio boliviano, manteniendo el área de influencia directa sobre territorio brasilero.

(…los sedimentos podrían cubrir los embalses creados por las represas, lo cual agravaría la inundación del río Madera y sus afluentes, el uso estacional de las riberas desaparecería porque estarían cubiertas todo el año afectando a los bosques de castaña e inundando los pastizales)

Las observaciones al estudio de impacto ambiental están relacionadas con el transporte de sedimentos, el control de mercurio, la garantía de que los grandes peces puedan tener un canal de pasaje para subir el río durante la fase de reproducción, prever los impactos transfronterizos ambientales, sociales y económicos, principalmente en Bolivia.
Sumando otras razones, Lidema rechazó la construcción de estas represas. Su investigador Marco Octavio Ribero argumenta que se vulneró los instrumentos jurídicos internacionales de uso y aprovechamiento de los ríos de curso sucesivo. Entre ellos, el Acta de Montevideo, Resolución de Salzburgo, las normas de Helsinki, la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos a la Navegación, el Tratado de Cooperación Amazónica; así como, la Convención de Biodiversidad que incorpora el principio precautorio y que fue ratificado por Brasil.
En su publicación El Norte Amazónico de Bolivia y el complejo del Río Madera (2007), Fobomade establece que los sedimentos podrían cubrir los embalses creados por las represas, lo cual agravaría la inundación del río Madera y sus afluentes, el uso estacional de las riberas desaparecería porque estarían cubiertas todo el año afectando a los bosques de castaña e inundando los pastizales.
La inundación de las selvas amazonas, entre otros aspectos, afectará a la biodiversidad de flora y fauna, por ejemplo los peces que migran entre el río Amazonas y el Madera no podrán sortear los muros de la represas, aunque el diseño de ambas contempla un paso especial para ello, en la práctica no tiene éxito total, a lo cual se suma que la reducción de la velocidad de las aguas provocará la falta de oxígeno.


RECUADRO 2

El argumento científico

En el país y en Brasil, la comunidad científica y las organizaciones no gubernamentales realizaron estudios de algunos impactos que se presentarían en la zona donde se construyen las represas Jirau y San Antonio.
La Fundación Mundial para la Naturaleza (WWF) apoyó al Instituto Francés para el Desarrollo (IDR) para que realice el estudio Dinámica de inundación y tasa de mercurio en peces en el Norte amazónico boliviano. Hacia una cuantificación de los impactos del proyecto hidroeléctrico del río Madera, además de la investigación Impacto de las represas del río Madera en los “stocks” pesqueros y la economía pesquera en la amazonia boliviana, efectuada por la Asociación FaunAgua.
Estas y otras investigaciones fomentadas por el IRD y el Instituto de Hidraúlica e Hidrología (IHH) de la Universidad Mayor de San Andrés fueron difundidas en un simposio internacional realizado en La Paz y Santa Cruz con el apoyo de la WWF, con el objetivo de que esos criterios científicos sirvan de insumos para la toma de decisiones en relación al desarrollo energético sostenible en la amazonia.

PESCA AFECTADA
En ese contexto, el investigador de la Asociación FaunAgua, Paul Van Damme, señala que un impacto posible es la reducción gradual de la pesca, la cual puede afectar por lo menos a 16.000 familias bolivianas que hoy viven de esta actividad. Se estima el 80 por ciento de los peces amazónicos bolivianos son migratorios y algunas especies tienen importante valor comercial y de susbsistencia.
En ello coincide Miguel Petrere de la Universidad Estatal Paulista de Brasil, para quien las represas en áreas tropicales no representan una energía limpia, además que “la diversidad, población y tamaño de peces disminuyeron considerablemente después de las represas”.
Según la investigación de Marc Pouilly, del IRD, existen datos precisos que establecen que las inundaciones provocadas por las represas podrían afectar las actividades de aprovechamiento de recursos naturales e incrementar enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y el dengue.
En función a ello, es muy importante hacer más estudios para estimar la extensión del área de la amazonia boliviana que puede ser inundada, así como los impactos no sólo en los embalses, sino en las zonas aledañas y río abajo, según Pouilly.
Estas infraestructuras en ambientes tropicales provocan otros impactos como el aumento de mercurio en los peces (en el embalse y principalmente río abajo), la deforestación del área y del trazado de las líneas de transmisión, la contaminación por herbicidas para el mantenimiento de las líneas de transmisión, la retención de sedimentos y la erosión de las riberas del río, según el estudio de Jean Remy Davée Guimaraes, de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Migración forzada
Sobre los impactos socio-económicos en Brasil, Manuel Antonio Valdés, de la Universidad Federal de Rondonia, puntualiza que el 65 por ciento de la población visitada en el área del río Madera (cerca de 1.100 familias) probablemente se verán en la necesidad de mudarse, dejando atrás sus crías de animales, plantaciones, costumbres y formas de vida en armonía con el río. El problema se agrava porque sólo el 30 por ciento cuenta con títulos de propiedad, lo que hará más difícil la implementación de un esquema de compensación social.
El científico Jorge Molina, del IHH, mostró que las represas brasileñas provocarán impactos hidráulicos e hidrológicos en territorio boliviano, incluyendo el aumento del riesgo de inundaciones. Su trabajo también fue presentado en abril en Tiquipaya (Cochabamba) en la Mesa 18, instalada de manera paralela a la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.
El efecto sobre el problema del cambio climático es otro de los impactos que mencionan los expertos como Enrique Laatts y Molina. Se trata de grandes piscinas de agua que producen dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero.
Al respecto, según Emilio García del Programa Nacional de Cambio Climático, no existe una guía oficial del Panel Intergubernamental de Cambio Climático para medir la cantidad de CO2 que emiten las represas. Por tanto, no se puede todavía conocer con certeza el impacto de éstas por emisiones de gases de efecto invernadero.
Con estos estudios los investigadores alertaron sobre los impactos de las represas en la amazonía y la urgencia de mejorar la calidad de la evaluación ambiental social y económica. Además, que si bien se reconoce la importancia del rol de las mismas, la experiencia demuestra que generan un costo inaceptable y, a veces, innecesario en términos sociales y ambientales.

CUADROS
Aprovechamientos del río Madera
Hidroeléctricas de Jirau, Santo Antonio y Cachuela Esperanza

Características
Cachuela Esperanza
Jirau
San Antonio
Número de grupos
18
44
44
Tipo de grupo
Bulbo
Bulbo
Bulbo
Caudal promedio del río
8.900 m3/s
17.700 m3/s
18.000 m3/s
Caída bruta promedio
10,8 m
16,6 m
13,9 m
Diámetro de la rueda
7,5 m
7,5 m
7,5 m
Nivel de operación del embalse
Max 119 m
Min 114 m
Max 90 m
Min 82.5 m
Max 70 m
Min 70 m
Superficie embalse nivel máximo (sin efecto de remanso)
690 km2
258 km2
271 km2
Potencia máxima
990 MW
3.300 MW
3.315 MW
Factor de planta
65%
60%
63%
Energía media anual
5,47 TWh
17,3 TWh
17,3 TWh
Fuente: TECSULT AECOM

Proyecto Cachuela Esperanza - Diseño final
Principales características del aprovechamiento

Número y tipo de grupos de la central
18 grupos tipo Bulbo
Longitud de la central
478 m
Longitud del vertedero
274 m
Presa
Altura máxima de 37 m,
Volumen de 3 Mm3
Tipo de presa
Enrocamiento con pantalla cimento-bentónica
Ubicación de las obras
Central y vertedero en la margen izquierda, presa y exclusa en el río y en la margen derecha.
Fuente: TECSULT AECOM